La huelga de miles de reos
bolivianos por la reforma de una ley
antidrogas, flexibilidad en las penas
y rebaja de fianzas, se agudizaba
este miércoles en su tercer día de
ejecución, con una serie de medidas
de presión que el gobierno de Evo
Morales condiciona aceptar.
La mayor parte de los mil 600 reos
del penal de San Pedro, el más
conflictivo y enclavado en el centro
de La Paz, se enterró hasta la cabeza,
se cosió los labios y se ha crucificado,
además de mantener un ayuno “sin
ingestión de líquidos”, según el
vocero de los internos, Oscar
Romero.
Los familiares de los reclusos han
cerrado las vías adyacentes y
duermen en las calles hasta que el
Gobierno atienda su petitorio de
cuatro puntos.
Los reos exigen, además de la
modificación de la ley antinarcóticos,
la cual consideran draconiana, la
redención extraordinaria para personas
detenidas antes de 2001, así
como la reforma de la ley de
Ejecución Penal, es decir “extramuro
irrestricto” (salida del penal en horas
laborables) sin discriminación de la
gravedad de los crímenes que se
purgan, precisó Romero.
Todos los puntos de la demanda
están en manos del Congreso, que
hasta ahora no trató el tema.
Por medio de la Dirección de
Régimen Penitenciario, el gobierno de
Morales se ha comprometido a
interponer sus oficios ante el
Legislativo, a condición de que los
beneficios demandados no incluyan
a asesinos, violadores, reincidentes
y sentenciados por delitos de
narcotráfico con penas de más de 15
años.
La ley boliviana no contempla la
pena de muerte. La purga máxima
es de 30 años sin derecho a indulto.
La protesta, que según temores del
defensor
del Pueblo, Waldo
Albarrarcín, podría degenerar en un
motín, no se radicó aún en el penal de
máxima seguridad de Chonchocoro,
a 12 kilómetros de La Paz, en la puna
altiplánica y donde permanecen
recluidos los reos de mayor
peligrosidad de Bolivia.
Al margen también permanecía la
cárcel de Palmasola, en la ciudad oriental
de Santa Cruz, la de mayor
población penal, la más peligrosa y
hacinada del país.
La huelga, que según Romero involucra
a unos 7 mil presos en todo el país,
se radicalizó asimismo en las cárceles
de El Abra y San Sebastián en la
cuidad central de Cochabamba, donde
los presos se crucificaron y cosieron
los labios, y también se ha extendido
a la penitenciaría de la ciudad de Sucre
(sudeste).
”Se tienen que encontrar alternativas
de solución, tal vez no en su plenitud,
sino viabilizar lo que sea factible”,
urgió Albarracín. |
