Por Humberto Caspa, Ph.D.
“Los controles y balances políticos
empiezan en la sociedad civil
(comunidad) y se extienden al gobierno
después de un proceso político”, decía
el politólogo norteamericano Robert
Dahl. Esta premisa teórica ha
enriquecido los principios del conocido
filósofo francés Charles Montesquieu,
quien subrayó que el gobierno deberá
ser dividido en tres poderes (ejecutivo,
legislativo y judicial) para evitar abusos
autoritarios.
La premisa teórica de Dahl tiene
mucha validez si la utilizamos en el
contexto de las poblaciones
latinonorteamericanas
en Estados Unidos. A
falta de la politización en las
comunidades y en la sociedad civil, los
latinos no tenemos el número de
representantes adecuados en el
gobierno para hacer prevalecer
nuestros intereses. Y como resultado,
tanto en el gobierno federal como en el
local, se han empezado a crear
políticas, como la ley Sensenbrenner
en el Congreso y la propuesta racista
del alcalde de Costa Mesa Allan
Mansoor, que no sólo atentan contra
los derechos de los inmigrantes sino
también afectan a las comunidades
latino-norteamericanas en su conjunto.
Sin embargo, todo eso empieza a
cambiar. El llamado “gigante”
latinoamericano recién da visos de
romper con su letargo político. En días
pasados, grupos civiles,
organizaciones religiosas, partidos
políticos y entidades económicas,
pertenecientes a agrupaciones
latinonorteamericanas,
empezaron a politizar
al Estado y a los gobiernos municipales
desde las calles y los barrios,
reafirmando sus derechos y exigiendo
respeto al ciudadano.
En Chicago, por ejemplo, más de 300
mil personas se congregaron para
exigir al Senado y al Presidente George
W. Bush revocar la propuesta del
republicano James Sensenbrenner, la
cual ya fue aprobada en la cámara de
representantes. De continuar esta
tendencia, esta propuesta cambiaría el
estado penal de los inmigrantes
indocumentados, convirtiéndolos
automáticamente en delincuentes
civiles.
Asimismo, en Costa Mesa y en toda
la región del condado de Orange, las
poblaciones latino-norteamericanas y
otras agrupaciones civiles minoritarias,
empezaron a movilizarse en contra de
una propuesta municipal del Alcalde
Mansoor y del Sheriff Mike Carona,
quienes pretenden convertir a la policía
y a la guardia del condado,
respectivamente, en auténticos
oficiales de inmigración.
Esta nueva configuración de actores
políticos en las poblaciones
latinonorteamericanos
me recuerda mucho
al movimiento Chicano que se gestó
durante la década de los 1970. Como
se sabe, antes de esta década, la
mayoría de las organizaciones
hispanas, incluyendo el liderazgo que
proveyó el legendario Cesar Chávez,
se oponían a los derechos de los
indocumentados por cuestiones de
estrategia política y económica.
A pesar de su radicalismo, el
movimiento Chicano, cuya base estuvo
sentada en las universidades del país,
coadyuvó a las poblaciones latinas a
ver sus problemas sociales con más
nitidez. El problema, como sostenían
sus dirigentes, no era tan solo de índole
legal o económico, sino que se gestaba
en la identidad, eran producidas por
falta de la autoestima y las
oportunidades profesionales. Por eso
los Chicanos se opusieron a la
asimilación y aculturación del sistema
social estadounidense.
Auque sus pretensiones ideológicas
–muchas de ellas altamente radicales—
nunca lograron convencer a la mayoría
de nuestra gente, su contribución fue
en el terreno estratégico de la política.
Desde la aparición de los Chicanos
hasta hoy, las organizaciones
latinonorteamericanas
se han convertido en
baluartes importantes de derechos de
los inmigrantes (documentados o
indocumentados). La gran mayoría de
las organizaciones civiles, como la
Hermandad Mexicana
Latinoamericana, la Liga de Ciudadanos
Latinoamericanos Unidos (LULAC), La
Defensa Legal y de Educación México-
Americana (MALDEF) y muchas otras
más, han empezado a coordinar sus
fuerzas para contrarrestar la creciente
tendencia anti-inmigrante de grupos
retrógradas de nuestra sociedad.
Prueba clara de este fenómeno son
las recientes movilizaciones en
diversos centros urbanos del país. Y
se prevé que dichas movilizaciones van
a tener repercusiones importantes en
las instituciones del gobierno federal,
del estado y especialmente en los
municipios locales, donde la falta de
representatividad de latinos es
conspicua.
Hoy parece que la realidad
latinoamericana, especialmente los
derechos de los inmigrantes, se
encuentran entre la espada y la cruz.
Sin embargo, en los años subsiguientes
y tal vez en los meses que vienen, los
latino-norteamericanos en California y
otros estados que aglutinan a la
mayoría de nuestra gente, tendremos
líderes que entienden nuestra
problemática social. Sólo con una
conciencia política madura se
consiguen esos propósitos. No
necesitamos nada más. |
