Por: Manuel R. Villacorta
O.
Durante los últimos meses han
surgido varias propuestas para la
implementación de una nueva política
migratoria en Estados Unidos,
curiosamente las tres más importantes
han ido evidenciando posiciones más
radicalizadas en el orden de su
aparición.
La primera -presentada en mayo
por
los senadores John McCain
(republicano de Arizona) y Edward
Kennedy (demócrata de
Massachusets)- sugiere crear una visa
de residencia temporal para inmigrantes
indocumentados que lleven viviendo al
menos un quinquenio en Estados
Unidos, pagan impuestos, tienen
trabajo y familia y carecen de récord
criminal. Al término de una probatoria
(un quinquenio), el inmigrante podrá
solicitar la residencia permanente con
el auspicio de su empleador. De no
hacerlo o lograrlo, deberá salir en
definitiva del país.
La segunda fue expuesta por el
presidente George W. Bush que consta
de tres ejes: A) Fortalecer la frontera
sur con todos los recursos técnicos y
humanos disponibles para frenar la
inmigración ilegal. B) Fortalecimiento de
la legislación migratoria para acelerar
las deportaciones y evitar el abuso en
el recurso de apelación. C) Descartar
la amnistía, pero favorecer a la
población indocumentada que cumpla
con los requisitos estipulados para la
obtención de visas de trabajo temporal
por un trienio con posibilidad de
renovación por un periodo similar.
La tercera proveniente de un
grupo
de republicanos encabezados por el
legislador James Sensenbrenner,
presentada como el proyecto de ley
«Border and Immigration Enforcement
Act of 2005» (H.R. 4437), que en su
parte medular contiene aspectos
radicales como reforzar las fronteras,
negar la ciudadanía a los hijos de
inmigrantes indocumentados radicados
en Estados Unidos, impulsar las
deportaciones, sancionar a los
empleadores que contraten
trabajadores carentes de permiso
laboral y criminalizar a los inmigrantes
que no posean un estatus legal.
Esta última propuesta ha sido
aprobada por la Cámara de
Representantes, generándose con ello
un fuerte debate que trascendió a nivel
internacional, particularmente al
haberse aprobado la construcción de
un muro en la frontera sur que buscaría
evitar la inmigración ilegal. A pesar de
que esta aprobación no es el fin del
proceso judicial -antes es necesaria la
aceptación del Senado y la certificación
presidencial para que la propuesta se
formalice como legislación vigentediversas
organizaciones defensoras de
los derechos de los inmigrantes han
manifestado al interior de Estados
Unidos su total desacuerdo con la
misma, considerando que es una
propuesta aberrante, discriminatoria e
injusta. Asimismo, diversos gobiernos
latinoamericanos han condenado
categóricamente estas medidas,
acusando a los congresistas de
manejar un doble discurso, por solicitar
la integración regional a través del
tratado de libre comercio, pero
impidiendo simultáneamente el libre
tránsito de los seres humanos en el
continente. Sin embargo, las
organizaciones defensoras de los
derechos de los inmigrantes radicadas
en Estados Unidos y los gobiernos de
toda la región, tratan de evitar que el
proceso sea finalmente aprobado,
ejerciendo simultáneamente todo tipo
de presiones para denunciar su
desacuerdo.
Los únicos que pueden definir
finalmente las políticas migratorias
propuestas son los senadores
estadounidenses, dado que será en el
Senado en donde el debate realmente
defina sus características finales. Al
respecto Luis Gutiérrez, diputado
demócrata por Illinois expresó: « Los
republicanos siguieron con su ataque
constante contra la comunidad
inmigrante. Lo hicieron con uno de los
proyectos de ley antiinmigrante más
viles y viciosos que jamás se haya
debatido en el Congreso, es un ataque
sin precedentes contra los inmigrantes
documentados e indocumentados». La
posición de Gutiérrez anticipa el criterior
que inminentemente habrá de adoptar
el resto de miembros del partido
demócrata.
Otros actores que se han
opuesto a
la propuesta republicana han sido
diversos empresarios estadounidenses.
Thomas J. Donohue, presidente de la
Cámara de Comercio de Estados
Unidos, que agrupa a tres millones de
empresarios, 850 asociaciones
comerciales y opera en 91 países
expresó que el proyecto es “inviable,
descabellado e injusto, amenaza a los
empresarios con convertirlos en
delincuentes y a los trabajadores en
criminales”. Y luego agregó: “Estados
Unidos no puede estar pensando en
construir un muro de Berlín alrededor
de su territorio y dedicar todo un ejército
para vigilarlo”.
Donohue comentó además que a
partir de 2010, unos 77 millones de
estadounidenses que nacieron en la
época de posguerra empezarán a
jubilarse y que la ausencia de esa
fuerza laboral sólo puede sustituirse con
inmigrantes, por lo cual es absurdo que
Estados Unidos continúe poniendo
limitaciones a la llegada de trabajadores
calificados y estudiantes extranjeros.
El polémico debate ha ido
ubicando
a los diversos actores en posiciones
diferentes. Por lo tanto es posible
identificar a quienes apoyan la
propuesta HR 4437: la mayoría de
congresistas y senadores republicanos,
un significativo sector de la población
estadounidense que considera el
fenómeno migratorio como una
constante competencia,
particularmente en el ámbito laboral y
los grupos sociales organizados más
reaccionarios como por ejemplo los
Minuteman. Opuestos a éstos se
encuentran los defensores de los
derechos civiles de los inmigrantes,
influyentes empresarios
estadounidenses, la mayoría de los
congresistas y senadores demócratas
y a partir de ahora, los gobernantes de
la región latinoamericana. |
