Juan José Dalton
En menos de 24 horas, varios
asesinatos y hechos de violencia azotan
a los salvadoreños. En la noche cinco
jóvenes fueron baleados en un
enfrentamiento entre los grupos de
distintos partidos inmersos en faenas
proselitistas, al calor de las elecciones
del próximo 12 de marzo. En la mañana
se localiza el cadáver de un trabajador
rural; al mediodía desconocidos a bordo
de una motocicleta acribillan a un
ingeniero, y en horas de la tarde,
asaltantes roban en una ferretería y
matan a un empleado.
Estos muertos son apenas tres
de los
10 que se están registrando
diariamente, como promedio, desde el
año pasado en El Salvador. El gobierno
atribuye, desde hace tres años, esta
incontrolable violencia criminal a las
llamadas maras, que antes catalogaba
como pandillas juveniles, pero que
ahora dice, se trata de “pandillas
criminales”.
Recién, en conferencia de
prensa el
actual director general de la Policía
Nacional Civil (PNC), Rodrigo Ávila —
hasta diciembre pasado viceministro de
Seguridad Pública—, explicaba que
existían varias causas del incremento
de la criminalidad: las deportaciones de
inmigrantes desde Estados Unidos con
antecedentes criminales (1,900 en 2005
y más de 500 en lo que va de año), así
como la impunidad, misma que achaca
a “malos jueces” que dejan en libertad
a los delincuentes que la policía captura
y manda a procesar.
Distintos funcionarios del
gobierno,
incluso el propio presidente Antonio
Saca, han asegurado que uno de los
principales logros de su gestión en
materia de seguridad es haber
apresado y fichado a unos 18 mil
pandilleros —desde que se implementó
el plan Mano Dura en 2003, y durante
la puesta en vigencia del Supermano
Dura—. De estos “apresados” un
aproximado de cuatro mil permanecen
en proceso judicial. Pero Jaime
Martínez Ventura, de la Oficina de
Apoyo Juvenil de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ), asegura que sólo al 5%
se les podría abrir proceso penal.
“Se culpa a los jueces, pero
éstos
dejan en libertad a los presuntos
delincuentes cuando se ha violado el
debido proceso, cuando el capturado
llega sin pruebas, o con muchas
imprecisiones”, agregó Martínez
Ventura, quien enfatiza que el
crecimiento de la violencia está
relacionado con factores de tipo social,
como la pobreza de más de la mitad de
la población. “El hecho de que el 51%
de la población económicamente activa
esté en el empleo informal, da una
medida de la gravedad de la crisis social”,
agregó.
Guerra informal
El Salvador es azotado
diariamente
por un promedio de 10 homicidios. El
año pasado fueron asesinadas 3,791
personas, cifra que hace de esta nación
la más violenta y peligrosa de
Latinoamérica, con una tasa de
homicidios mayor de 55 por cada 100
mil habitantes. La tasa de homicidios
de El Salvador es mayor que la de Colombia,
que vive una guerra insurgente
y el fenómeno del paramilitarismo, así
como la confrontación entre sicarios del
narcotráfico.
Miguel Cruz, consultor
internacional
y uno de los investigadores con mayor
prestigio para los temas de violencia de
pandillas, aseguró para La Opinión que
“la violencia ha impuesto ciertas
dinámicas” entre una mayor
organización de las pandillas, así como
de grupos informales que pretenden
combatirlas. “La violencia se ha vuelto
quizá menos generalizada, pero
cualitativamente más compleja”,
apuntó.
Cruz detalló que las pandillas
o maras
tienen ahora un absoluto control de
territorios, donde deciden y mandan, lo
que el gobierno no reconoce. “En estos
territorios las maras cobran impuestos
a los transportistas, tiendas, negocios
y a los que por allí transiten; quienes
desobedecen pagan con sus vidas...
Aquí no manda el Estado ni sus
instituciones. Lo que existe es ya una
economía criminal y un gobierno
paralelo”, explica el académico.
Otra evidencia de estas
complejidades logradas por la violencia
en los últimos meses ha sido la
capacidad que han tenido diversos
grupos de realizar acciones en
diferentes “frentes”: huelgas de hambre
en las cárceles, huelgas de hambre de
familiares de presos, marchas en las
principales calles de San Salvador y
conferencias de prensa de los líderes
de la Mara Salvatrucha (MS-13) y de la
Mara 18 (M-18), en estas últimas en las
que se invitan mutuamente a realizar
alianzas para luchar contra su “enemigo
común: el gobierno”.
“Esto es producto del
desgobierno
que se ha dado en el ámbito de la
seguridad pública y en el ámbito de los
sistemas penitenciarios. Cuando uno
pregunta: ¿qué son las cárceles ahora?
Son lugares adonde meten a los
pandilleros o a cualquier delincuente,
pero el Estado ya no tiene un control
dentro de las cárceles. Dentro de los
muros de las cárceles, el Estado ya no
tiene capacidad. La vigilancia y las
reglas se imponen desde los muros
hacia fuera, pero hacia dentro son los
pandilleros los que mandan y las
cárceles son grandes cuarteles de las
pandillas”, asegura Miguel Cruz, quien
considera que los penales son ahora
nuevos nodos de organización de las
maras, desde donde ejercen control y
liderazgo a nivel nacional y mantienen
organización con otras bandas del crimen
organizado.
Soluciones no parecen estar
cerca:
el gobierno ha creado una nueva unidad
de combate con el llamado Grupo de
Operaciones Policiales Especiales
(GOPES): policías sin rostros, vestidos
de negro y fuertemente armados.
Gobierno y legisladores continúan
dando rienda suelta a leyes que
favorecen el armamentismo. Mientras,
en la calle los motorratas —ladrones y
homicidas en moto— seleccionan a su
nueva víctima. |
