El Ejército aseguró ayer que
las
prácticas de torturas no son
generalizadas, y consideró como un
hecho aislado el caso de 21 soldados
que denunciaron haber sido sometidos
a maltratos y que el presidente Álvaro
Uribe calificó de “muy grave”.
“Deploro que en nuestro
Ejército, en
un momento crucial de la historia de la
seguridad de Colombia, ocurra un caso
de esta naturaleza”, expresó Uribe a la
prensa desde la caribeña ciudad de
Cartagena.
Agregó que “desde que empezó
este
gobierno le he dicho a la fuerza pública:
contemos con incurable buena fe
nuestros errores y vicisitudes. Cuando
yo he conocido oportunamente esos
errores, he sido el primero en
transmitirlos a la ciudadanía”.
El ministro de Defensa, Camilo
Ospina, aseguró en rueda de prensa
que sintió “profunda vergüenza por lo
ocurrido... pero estamos conscientes de
que no es un hecho generalizado”.
“Es igualmente grave que el
hecho lo
conozca el país por información de
prensa y nosotros no hayamos sido los
que... hayamos tomado la decisión de
ponerlo frente a la opinión pública”,
agregó.
El escándalo saltó a luz
pública
cuando la revista Semana publicó, en
la edición que empezó a circular el
domingo, la denuncia, testimonios y
fotografías de las heridas, quemaduras
y picadura de hormigas que sufrieron
los soldados.
Ospina, conocido por un
esquivo trato
con la prensa, manifestó que “si se
comete un error, debe ser afrontado con
toda la claridad y transparencia que la
opinión pública requiere y, en ese orden
de ideas, estamos adelantando todas las acciones
para que se produzcan
decisiones judiciales”.
Según Ospina, “da la impresión
de
que no dimensionaron las cosas en la
verdadera magnitud de los hechos” y
esa fue la razón por la que no se habían
dado a conocer.
El ministro aseguró que toda
la
cadena de mando implicada en los
hechos, ocurridos el 25 de enero, fue
relevada y está sujeta a una
investigación.
El comandante del Ejército,
general
Reinaldo Castellanos, prometió que los
responsables serán castigados con
todo el rigor de la ley, aunque sin
precisar más.
Ospina aseguró que apoyarán la
decisión que se tome en cuanto a la
jurisdicción que tendrá el caso, que
puede ser militar o penal.
El ministro aseguró que “no se
puede
enlodar la actitud de 400 mil hombres
que componen la fuerza pública por los
hechos realizados por una fracción de
ellos”.
Los 21 soldados afectados
siguen
asignados a la misma unidad para
prestar testimonio a los investigadores,
sin embargo, gozan de una protección
especial, expresó el ministro.
Ospina, en declaraciones
previas a
RCN radio, expresó su deseo de lo que
denominó “un hecho interno... no llegue
a tener consecuencias internacionales”
que comprometan la cooperación que
el Ejército colombiano recibe del
extranjero.
El Senado de Estados Unidos
dotó
de fondos una iniciativa que aportó más
de 278 millones de dólares al Ejército
colombiano en el año 2006, según la
organización no gubernamental. |
