Maribel Hastings
Mientras la Cámara de
Representantes se apresta a
considerar un proyecto republicano de
mayores controles de la inmigración
indocumentada en la frontera y en los
centros de trabajo, un estudio concluyó
que los últimos cinco años han
registrado niveles históricos de
inmigración tanto legal como
indocumentada con el ingreso de hasta
7.9 millones de personas entre 2000 y
2005.
La ley de 2005 para la
Protección
Fronteriza, Antiterrorismo y Control de
la Inmigración Indocumentada (HR 4437)
propone mano dura contra los
indocumentados en la frontera y en los
centros de trabajo, mayores sanciones
contra patronos que contraten personas
sin documentos y estrictas medidas
de verificación de documentos de
trabajo, entre otras cosas, pero no
incluye el plan de trabajadores
temporales por el que aboga la Casa
Blanca. Se debate en el pleno de la
cámara esta semana.
Grupos pro inmigrantes
catalogan la
medida de “extremista” y condenan que
no aborde el tema de los más o menos
11 millones de indocumentados que
viven y trabajan en este país. Advierten,
además, que se anticipan enmiendas
“antiinmigrantes” en el debate de este
proyecto, entre esas, medidas para
negar la ciudadanía a hijos nacidos en
Estados Unidos de padres
indocumentados.
El HR 4437 se une al proyecto
HR
4312 del congresista republicano de
Nueva York, Peter King, quien preside
el Comité de Seguridad Interna de la
Cámara Baja, y que, entre otras cosas,
ordena la detención obligatoria y
remoción expedita de los
indocumentados con menos de 14 días
en el país interceptados en un área de
cien millas de la frontera
estadounidense.
Por su parte, el estudio del
Centro
para Estudios de Inmigración (CIS) se
basa en el sondeo poblacional del Censo
para marzo de 2005 y encontró que el
ingreso a Estados Unidos de 7.9 millones de
inmigrantes legales e
indocumentados entre enero del año
2000 y marzo de 2005 es el período de
inmigración más alto en la historia de
este país en un lapso de cinco años.
Los 35.2 millones de
inmigrantes que
viven en este país, dice el estudio,
representan dos veces y media la
cantidad de inmigrantes que arribaron
a Estados Unidos en 1910 en la mayor
oleada inmigratoria registrada.
El análisis indica que casi la
mitad de
los inmigrantes que ingresaron
después de 2000, un total de 3.7
millones, son indocumentados. Es difícil
determinar la cifra de indocumentados
en el país y el análisis dice que fluctúa
entre nueve y 13 millones.
California fue el punto de
llegada de
la mayor parte de los inmigrantes que
arribaron al país entre 2000 y 2005,
registrándose un alza de 10% en cinco
años. Entre 2000 y 2005 ingresaron
931 mil inmigrantes al estado (legales e
indocumentados) para una población
inmigrante total de 9,984,000.
Steven Camarota, director de
investigaciones del CIS, dijo que
obviamente lo que se requiere es aplicar
de manera efectiva las leyes
migratorias tanto en la frontera como
en los centros de trabajo así como
denegar acceso a servicios que no
deberían facilitarse a personas sin
documentos, como las licencias de
conducir o abrir cuentas bancarias.
También está el impacto sobre
los
servicios como escuelas y hospitales.
El estudio cuestiona:
“¿debemos
permitir tanta gente con tan poca
educación lo que incrementa la
competencia laboral para los
trabajadores estadounidenses más
pobres y el tamaño de la población en
necesidad de asistencia del gobierno?”
México es el país de procedencia de
la mayoría de los nuevos inmigrantes,
seguido de Asia Oriental, Europa, el
Caribe, Centroamérica y Sudamérica.
Los inmigrantes mexicanos
tienen
uno de los índices más bajos de
escolaridad, y entre los hispanos, los
colombianos tienen el índice de
escolaridad más alto.
Pero mientras algunos sectores
abogan por mayores controles
migratorios y se oponen tenazmente a
programas de trabajadores temporales,
otros grupos dicen que llegó el momento
de regularizar la situación migratoria de
los más de 11 millones de
indocumentados que viven y trabajan
en este país. No se puede pretender
que no existen y tampoco hay fórmulas
mágicas, argumentan, para que
desaparezcan del país.
A tales efectos,
representantes de
diversas organizaciones de la región
metropolitana de Washington
marcharon a las oficinas de los comités
nacionales demócrata y republicano en
esta capital para urgir a los primeros
que mantengan su oposición a medidas
que ellos catalogan de antiinmigrantes
como el proyecto HR 4437 del
presidente del Comité Judicial de la
Cámara Baja, F. James Sensenbrenner.
A los republicanos, los grupos
les
recordaron que las medidas
“antiinmigrantes” no han favorecido a
ese partido en contiendas políticas a
diversos niveles.
“El Partido Republicano debe
recordar a Jerry Kilgore... Las políticas
que fomentan el odio hacia los
inmigrantes fracasan en ganar
elecciones”, declaró Gustavo Torres,
director ejecutivo de Casa de Maryland,
grupo que integra la coalición que
organizó la marcha. Kilgore fue el
candidato republicano que perdió la
gubernatura de Virginia el mes pasado.
Había acusado al demócrata electo, Tim
Kaine, de favorecer la inmigración
indocumentada.
Pero Sensenbrenner y quienes
abogan por su medida recuerdan que
no se trata de posturas
“antiinmigrantes” sino de aplicar
adecuadamente las leyes de
inmigración. |
