SANTIAGO (AP).—
El gobierno
peruano presentó ayer a Chile la
solicitud de extradición del ex
presidente Alberto Fujimori, a quien la
justicia de su país desea procesar por
12 cargos de violación a los derechos
humanos y corrupción.
Fujimori, quien gobernó Perú
entre
1990 y 2000, se encontraba prófugo
de la justicia de su país asilado en
Japón, desde que renunció al poder.
El 6 de noviembre pasado llegó
sorpresivamente a Chile y la
madrugada del día siguiente fue puesto
en arresto domiciliario luego de que el
gobierno peruano lo solicitara, mientras
formalizaba la petición de extradición.
A unos días de cumplirse el
plazo de
dos meses de detención preventiva
dispuesta por el magistrado de la Corte
Suprema, Orlando Álvarez, encargado
de sustanciar en primera instancia el
proceso de extradición, el gobierno
peruano formalizó ayer la solicitud.
El embajador del Perú, José
Antonio
Meier, entregó al canciller Ignacio
Walker los 12 cuadernillos con los cargos
que la justicia de su país elaboró
para justificar la solicitud de extradición.
“Los cuadernos de extradición
que
se han presentado en esta oportunidad
contienen elementos probatorios
contundentes y suficientes” para la
entrega de Fujimori a la justicia de su
país, dijo el diplomático.
En la reunión con el canciller
Walker
también estuvo presente el procurador
anticorrupción del Perú, Antonio
Maldonado.
Maldonado —y las carpetas con
los
antecedentes para formalizar la solicitud de
extradición— llegaron en un avión
militar peruano.
Walker informó que a la
brevedad la
documentación sería entregada al
magistrado Álvarez.
La solicitud incluye 10 cargos
de
corrupción y dos de violaciones a los
derechos humanos.
La resolución definitiva sobre
la
extradición la adoptará la sala penal
del máximo tribunal en un trámite que
se prevé tomará varios meses.
El gobierno chileno descartó
ayer
cualquier intervención y dijo a través
de su portavoz oficial, Osvaldo Puccio,
que la situación de Fujimori se
encuentra en manos del autónomo
poder judicial chileno. Descartó así una
resolución política que pudiera adoptar
el gobierno expulsando a Fujimori.
Puccio señaló en rueda de
prensa
con corresponsales extranjeros que
Fujimori está sometido a las normas
que le impuso el sistema judicial,
desvirtuando que pudiera gozar de
franquicias para actividades políticas.
Por su parte, el canciller
Walker
precisó que cualquier decisión sobre
la situación de Fujimori “es de resorte
exclusivamente de los tribunales”.
Organizaciones peruanas e
internacionales han respaldado la
extradición de Fujimori para permitir su
procesamiento.
La organización Human Rights
Watch
sostuvo aquí la semana anterior que
hay por lo menos cinco casos fuertes
que justifican la extradición, entre ellos
las masacres de La Cantuta y de Barrios
Altos en 1992 y 1991 en que
murieron 25 personas por la represión
del temido grupo Colina.
El abogado chileno del ex
mandatario
peruano, Gabriel Zaliasnik, anunció que
solicitará al juez Alvarez la detención
domiciliaria del ex mandatario mientras
se tramita la extradición. |
