Una problemática insostenible

Por Ricardo J. Galarza Escribimos esto en vísperas de la importante audiencia migratoria del martes 26 de julio en el Comité Judicial del Senado. Pero todo parece indicar que lo que allí se decida no cambiará mucho el panorama. Y las posibilidades reales de que se logre un acuerdo bipartidista para impulsar una reforma son bastante remotas.  

Lo que importa es el tenor de las medidas que allí se discutirán y la manera en que éstas serán interpretadas. De allí se podrá tener una idea más clara de lo que va a ser el debate migratorio en lo que resta del año.  

Por un lado está la propuesta de los senadores Ted Kennedy (demócrata) y John McCain (republicano), ambos invitados a declarar en la audiencia del Comité Judicial. Se trata de un proyecto genuinamente bi-partidista, y a juicio de este humilde escriba, de la mejor de todas las propuestas actualmente en danza en el Capitolio.  

A pesar de quedarse un poco corta y de flaquear definitivamente en el punto de la reunificación familiar, no cabe duda de que el proyecto Kennedy-McCain presenta las opciones más claras de legalización ganada, ajuste de estatus y seguridad fronteriza.  

La semana pasada los senadores republicanos John Cornyn y Jon Kyl presentaron su propia propuesta de reforma migratoria de última hora, cuatro días antes de la audiencia en el Comité Judicial. Ambos senadores también han sido invitados a testificar ante el comité, pero el énfasis de su propuesta está dado en la seguridad fronteriza, por encima de la legalización de los millones de indocumentados que radican en los Estados Unidos.  

El proyecto de Cornyn y Kyl también propone un programa de trabajadores huéspedes, pero que no se ajusta a la realidad migratoria que vive el país. La idea es que los indocumentados regresen a sus países de origen en un período de cinco años, para de allí, solicitar sus visas de reingreso a Estados Unidos, sin ninguna garantía, por otra parte, de que el visado sería efectivamente otorgado.  

En esas condiciones, no es difícil predecir que serían muy pocos los indocumentados que se acogieran a la ley, una vez sancionada.  

Bajo el plan de Kennedy y McCain, en cambio –a pesar de no contemplar una legalización automática, como sería lo ideal—, los indocumentados podrían acceder a sus visas pagando un multa de 500 dólares, sin necesidad de regresar a sus países de origen.  

Así las cosas, el Comité Judicial deberá decidir cuál de las medidas tiene más méritos para alcanzar el tan mentado acuerdo bipartidista que logre reimpulsar la estancada reforma migratoria en el Senado.  

Para ello, será crucial el papel que juegue el jefe de la bancada republicana en la Cámara Alta, el senador Bill Frist. Pero lo cierto es que hasta ahora, Frist no ha dado señales contundentes sobre su posición respecto del tema migratorio y, más bien, se ha manejado con medias tintas. Su ambivalencia ha llegado a tal punto, que en unas recientes declaraciones, recogidas por varios medios de prensa, Frist dijo que no puede prometer que el asunto será tratado este año, pero que probablemente lo sea en los próximos 12 meses.  

Y eso sucede en el Senado, un cuerpo legislativo considerablemente más abierto al tema migratorio que la hostil Cámara de Representantes. Allí, un grupo de republicanos se mantiene firme en contra de cualquier propuesta que siquiera mencione legalizar a los indocumentados.  

Para muestra basta un botón: el jefe de la bancada republicana en la Cámara Baja, Tom DeLay, dijo al periódico The Washington Times que antes de hablar de ningún plan de trabajadores huéspedes, se debían asegurar las fronteras y aplicar las leyes migratorias, la vieja fórmula de quienes siempre se han resistido a cualquier reforma migratoria amplia. De hecho, la jefatura de DeLay en la Cámara de Representantes ha logrado mantener al margen del plenario cualquier propuesta de reforma.  

Para no hablar de los legisladores antiemigrantes más vocales, como el republicano Tom Tancredo, quien recientemente presentó su propio plan migratorio, denominado Huésped Real, muy en la tónica de la recientemente aprobada ley Real I.D., una nefasta medida para privar a los indocumentados de licencias de conducir, fuertemente apoyada por Tancredo y sus aliados y luego sancionada en ley por el presidente Bush.  

El “huésped real” propuesto por Tancredo no sería, empero, un huésped muy bienvenido. Su proyecto contempla considerar como un crimen la presencia ilegal en Estados Unidos, y que se castigue con prisión y altas multas.  

Con este tipo de propuestas, todo parece presagiar que habrá un arduo trabajo por delante en la Cámara Baja. En el Senado —sin que se le haga el campo orégano—, la reforma migratoria encuentra mayor recepción. Por eso, urge que líderes como Bill Frist y otros republicanos de la Cámara Alta se dejen de vaguedades y dobles discursos para echar andar una reforma compresiva que ponga fin, de una vez por todas, a la problemática migratoria que vive el país. Una problemática, por otra parte, que ya (con más de 10 millones de indocumentados) resulta insostenible.  

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